[b]PREGUNTA 1[/b]

Se trata del literal del artículo 2 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales que aún sigue en vigor en algunas de sus partes.

[b]PREGUNTA 2[/b]

Se trata del artículo 12 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales que aún sigue en vigor en algunas de sus partes.

[b]PREGUNTA 3[/b]

Se trata del artículo 42 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales que aún sigue en vigor en algunas de sus partes.

[b]PREGUNTA 4[/b]

Se trata del artículo 1 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano.

[b]PREGUNTA 5[/b]

Lo que indicas en tu primer párrafo se corresponde con el artículo 167 apartado 3.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en él nos dice literalmente:
b) La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios:

En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.

En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros.

Esto es una descripción general de la clasificación económica, la descripción más detallada la encontramos en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales en su artículo 5 regula la Clasificación económica del gasto, y en el no indica que la clasificación económica del gasto agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras.

En el Anexo III de dicha Orden se describe los códigos de la clasificación económica de los gastos del presupuesto de las entidades locales y sus organismos autónomos y el mismo comienza indicándonos que se distinguen las operaciones no financieras (capítulos de gasto 1 a 7) de las financieras (capítulos de gasto 8 y 9), subdividiéndose las primeras en operaciones corrientes (capítulos de gasto 1 a 4) y de capital (capítulos 6 y 7)

[i]Por lo tanto en la clasificación económica tenemos:
Gastos no financieros (capítulos 1 a 7) / Gastos financieros (capítulo 8-9)
Los Gastos no financieros se dividen:
Gastos corrientes (1 a 4) / Gastos de capital (6-7)[/i]

[b]PREGUNTA 6[/b]

El artículo 128.2 contempla tres aspectos relevantes para la política económica, reconoce por una parte la iniciativa pública en la actividad económica, posibilita, por otra parte, la reserva al sector público de servicios y recursos esenciales y finalmente alude a la intervención de empresas.

El art. 128.2 reconoce la legitimidad de la acción pública en la actividad económica, de modo que en nuestro sistema constitucional se da la coexistencia de los dos sectores económicos, privado y público.

La iniciativa pública en la actividad económica está limitada por el servicio al interés general. Así se desprende claramente del artículo 103.1 de la Constitución que establece “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al derecho”

El concepto de servicio esencial no se trata de servicios que sean indispensables para la supervivencia individual de los ciudadanos, sino que se hacen indispensables para el funcionamiento de la sociedad, por ejemplo el servicio público de comunicación audiovisual.

Ahora bien, que un servicio sea esencial no significa que dicho servicio deba estar reservado al Estado. En un Estado Social y Democrático de Derecho determinadas actividades pueden ser satisfechas perfectamente por la iniciativa privada, sometida a una fuerte reglamentación. Es decir, no cabe la reserva al Estado de recursos o servicios que no sean esenciales, pero lo que sí cabe es una fuerte reglamentación o intervención en una actividad libre cuando existen causas e intereses que lo justifiquen.

Los servicios de interés general se encuentren, por norma general liberalizados y por tanto, pueden prestarse en régimen de libre concurrencia, lo que no impide que los poderes públicos mantengan sobre los mismos ciertas facultades de intervención, especialmente a nivel regulatorio mediante la configuración de su régimen jurídico.

Los servicios públicos constituyen servicios de interés general cuyo rasgo característico es su reserva a favor de los poderes públicos. Reserva que se justifica precisamente porque en ellos aparece de forma cualificada el ser esenciales.
La posibilidad de reserva al Estado de recursos o servicios esenciales parece especialmente adecuada o procedente en los supuestos de monopolio. No se trata en realidad de un supuesto distinto al de los recursos y servicios esenciales, sino de un supuesto concurrente especialmente cualificado.

La técnica de reservar un recurso o servicio a favor de la Administración no conlleva necesaria e inexorablemente el efecto del monopolio, pero si la habilitación para actuar. En definitiva, el caso de monopolio es un supuesto especialmente claro de reserva, pero no es el único. Lo que sí resulta indispensable es que recaiga sobre recursos o servicios esenciales.

En cuanto a la intervención pública de empresas el artículo 128.2 se está refiriendo a una intervención pública motivada por la existencia de un interés general, esto supone que, permanece la titularidad de las empresas en manos de sus propietarios, pero su gestión y actividad es dirigida por un órgano de naturaleza pública que participa en la toma de decisiones o sustituye totalmente a los órganos normales de decisión.

El artículo 129 prevé diversas formas de participación que conectan directamente con el artículo 9.2 de la Constitución que encomienda a los poderes públicos, facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. También tenemos el artículo 23 que reconoce el derecho de los ciudadanos “a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos”, articulándose un sistema de democracia política en la gestión de los asuntos públicos.

El artículo 129 prevé la participación de los ciudadanos en la Seguridad Social, en organismos públicos cuya función afecte a la calidad de vida o al bienestar general y también en la empresa.

Un ejemplo de la participación “de los interesados en la Seguridad Social, primer inciso del 129.1, se recoge en el artículo 69 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que faculta al Gobierno para regular la participación en el control y vigilancia de la gestión de las entidades gestoras, efectuada gradualmente desde el nivel estatal al local, a través de órganos de composición paritaria integrados por representantes de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y de la Administración Pública.
Órganos participativos similares existen en las entidades gestoras de los regímenes especiales de la Seguridad Social. Tal es el caso del Consejo General y la Comisión Ejecutiva del Instituto Social de la Marina que gestiona el régimen especial para los Trabajadores del Mar.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en el ámbito del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, configura el Consejo General como órgano de participación institucional, que igualmente sigue el esquema de representación tripartita citado en párrafos anteriores.

En cuanto a la participación en los organismos “cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general”, tenemos múltiples ejemplos y uno de los más significativo puede ser los derechos de representación, consulta y participación que el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, recoge respecto de las asociaciones constituidas a tal fin.

En la misma línea se sitúan los mecanismos de participación en el Consejo Superior de Deportes o en organismos encargados de la protección del medio ambiente, educación, cultura, etc.

[b]PREGUNTA 7[/b]

Si el Gobierno se opusiese a la tramitación de una proposición de Ley o a una enmienda por ser contraria a una delegación legislativa en vigor se podrá dar dos casos que se acepte dicha oposición y no se tramite la proposición o la enmienda o bien que se presente una proposición de ley para poder derogar total o parcialmente la ley de delegación que le atribuyo la delegación legislativa al Gobierno.

[b]PREGUNTA 8[/b]

Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en su apartado 2 nos indica que
La Administración General del Estado comprende:
a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.
b) La Organización Territorial.
c) La Administración General del Estado en el exterior.

Por lo tanto eso que tú indicas que la AGE periférica asume las competencias del Estado no es exactamente así pues la AGE periférica es parte de la Administración General del Estado y sus funciones son las de esta en su ámbito de actuación.

[b]PREGUNTA 9[/b]

Según el artículo 130 de la Resolución de 24 de febrero de 1982 por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del nuevo Reglamento del Congreso de los Diputados, se tramitarán como proyectos de Ley Orgánica los proyectos y proposiciones de ley a los que la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, otorgue tal calificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.1 de la Constitución y a la vista del criterio razonado que al respecto exponga el Gobierno, el proponente o la correspondiente Ponencia en trámite de informe.

Por otro lado tenemos el artículo 131 del mismo Reglamento que nos indica Los proyectos y proposiciones de Ley Orgánica se tramitarán por el procedimiento legislativo común, con las especialidades establecidas en este Reglamento.

Y que su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. La votación será anunciada con antelación por la Presidencia de la Cámara y, si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquélla no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes

Si en la votación del nuevo dictamen se consiguiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara se enviará al Senado, entendiéndose rechazado en caso contrario.

Y en el artículo 132 nos dice que en el supuesto de que el Senado opusiera su veto o introdujera enmiendas a un proyecto o proposición de Ley Orgánica, se procederá conforme a lo establecido en el procedimiento legislativo común con las dos salvedades siguientes:
1ª. La ratificación del texto inicial y consiguiente levantamiento del veto requerirá en todo caso el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, del Congreso de los Diputados.
2ª. El texto resultante de la incorporación de enmiendas introducidas por el Senado y aceptadas por el Congreso será sometido a una votación de conjunto. Si en dicha votación se obtuviera la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara quedará definitivamente aprobado en sus términos. En caso contrario, quedará ratificado el texto inicial del Congreso y rechazadas todas las enmiendas propuestas por el Senado.

[i]Esto es lo que nos dice el Reglamento del Congreso de los Diputados sobre la tramitación de las Leyes Orgánicas, por supuesto que en dicha tramitación interviene el Senado lo mismo que en la tramitación de las Leyes Ordinarias. Lo que la Constitución nos indica es que se tendrán que aprobar por mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del texto y como has visto en el procedimiento descripto por el Reglamento del Congreso es así pero si interviene el Senado tanto en la aprobación como en la introducción de enmiendas pero lo que no puede hacer el Senado es impedir la aprobación de las Leyes Orgánicas cuando el Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto lo apruebe por mayoría absoluta de sus miembros.[/i]

[b]PREGUNTA 10[/b]

La excedencia de los funcionarios de carrera se encuentra regulada en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el apartado 3 de dicho artículo se regula la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.

Y en el mismo nos indica que quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

Por otro lado en el apartado 4 del mismo artículo tenemos que los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años.

Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

[i]Por lo tanto tenemos que en el caso de la excedencia voluntaria por agrupación familiar no se devengarán retribuciones, ni será computable el tiempo que permanezcan en esta situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación

Sin embargo en el caso de la excedencia para atender al cuidado de hijo y de la excedencia para atender al cuidado de un familiar, el tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
[/i]
[b]PREGUNTA 11[/b]

La legislación de la Unión Europea, la puedes encontrar en publicada en el Boletín Oficial del Estado te adjunto el siguiente enlace para acceder:

https://www.boe.es/legislacion/union_europea.php#union_europea

También puedes consultar la página web oficial de la Unión Europea donde podrás encontrar toda la legislación y mucha información también te adjunto un enlace para que accedas con más facilidad:

https://europa.eu/european-union/index_es

[i]Me parece muy bien que quieras ampliar tus conocimientos pero tienes que tener cuidado de no dispersarte mucho en el estudio, información y legislación existe como para poder estar estudiando toda la vida, pero lo importante es que no pierdas de vista cuál es tu objetivo, y ese sin duda es el de aprobar unas oposiciones. Con la información que tienes en los temarios creo que es más que suficiente para ello el seguir ampliando y ampliando no garantiza más posibilidades de éxito en muchas ocasiones es más importante el tener los conceptos claros aún que no sean muy amplios pero si esenciales.[/i]

[b]PREGUNTA 1[/b]

En el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se regula la organización del Pleno de los ayuntamientos y en su apartado 2 nos indica que el Pleno será convocado y presidido por el Alcalde, salvo en los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general, al que corresponde decidir los empates con voto de calidad. El Alcalde podrá delegar exclusivamente la convocatoria y la presidencia del Pleno, cuando lo estime oportuno, en uno de los concejales.

Igualmente en el artículo 124 de la misma ley se regula las competencias de los alcaldes y en el apartado 5 de este artículo encontramos lo siguiente, el Alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias anteriores en la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares, con excepción de las señaladas en los párrafos b), e), h) y j), así como la de convocar y presidir la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con voto de calidad y la de dictar bandos. Las atribuciones previstas en los párrafos c) y k) sólo serán delegables en la Junta de Gobierno Local.

[i]En virtud de las normas anteriores tenemos que el alcalde podrá delegar en uno de sus concejales las funciones de convocar y presidir el Pleno de la corporación como nos indica el artículo 122 de la Ley 7/1985, pero no podrá delegar la de convocar y presidir la Junta de Gobierno Local, ni la atribución de decidir con su voto de calidad, ni la de emitir bandos como nos indica el artículo 124 de la misma ley.[/i]

[b]PREGUNTA 2[/b]

En el apartado 2 del artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se regulan las competencias del Pleno de las Diputaciones provinciales, y en el apartado 4 nos indica que el Pleno, de la Diputación, puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, de la Diputación, salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), h) y ñ), y número 3 de este artículo, siendo estas competencias no delegables las siguientes,

[li]a) La organización de la Diputación.
b) La aprobación de las ordenanzas.
c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
d) La aprobación de los planes de carácter provincial.
e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual.
g) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas.
ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.

3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general

Es cierto que según lo que hemos visto sería delegable las funciones que expresamente le atribuyan las leyes, por supuesto, siempre que se cumpla las condiciones que este mismo artículo especifica en su apartado ñ) que no se exija una mayoría especial, en ese caso y salvo que la ley que le atribuye esas funciones no diga otra cosa si serán delegables.

En cuanto al apartado g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público nos tenemos que ir al artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, donde nos dice que la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad y que dicho expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la Corporación local respectiva, mediante «acuerdo adoptado» con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, por lo tanto no se podrá delegar pues necesita una mayoría especial para su aprobación y como nos indica el artículo 33.2.ñ) solo se podrán delegar las atribuciones que para su aprobación no se necesiten una mayoría especial, como es el caso.

[i]En definitiva las atribuciones que necesitan una mayoría especial para su aprobación no se podrán delegar por el Pleno de la Diputación en el Presidente y en la Comisión de Gobierno, y el resto de atribuciones que puedan atribuirles otras leyes, si se podrán delegar siempre que esas misma leyes no lo impidan o que necesiten una mayoría especial para su aprobación.
[/i]
[b]PREGUNTA 3[/b]

Lo que nos dice el apartado i) del artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local es que el Presidente de la Diputación entre sus funciones se encuentran las del ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, es decir que sean competencia del Presidente de la Diputación, incluso si esas competencias han sido delegadas en otro órgano, será una función del Presidente ejercer las acciones judiciales y administrativas pertinentes para la defensa de la Diputación y no el órgano que haya asumido por delegación esas funciones. Igualmente nos indica este apartado que en caso de urgencia también será el Presidente el competente para realizar las acciones judiciales y administrativas para la defensa de la Diputación en las competencias del Pleno de la Diputación, teniendo que dar cuenta a este en la primera sesión que celebre para su ratificación.

[b]PREGUNTA 4[/b]

Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su apartado 1.b) nos indica que entre las atribuciones del Pleno del Ayuntamiento está la votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste, que será pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral general.

Por otro lado en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General regula la moción de censura a los alcaldes y en su apartado 1.a) nos indica que la moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción.

En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias.
Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.
Igualmente en el artículo 197.bis de la misma ley orgánica, se regula la cuestión de confianza y nos indica que el Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:

[li]a) Los presupuestos anuales.
b) El reglamento orgánico.
c) Las ordenanzas fiscales.
d) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.[/li]

En el párrafo 2 del mismo artículo también nos indica que la presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los asuntos señalados en el número anterior figurará expresamente en el correspondiente punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos el «quórum» de votación exigido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para cada uno de ellos. La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público, por lo tanto tendremos que ir a la Ley 7/1985 para saber el quórum necesario para la aprobación de la cuestión de confianza.

En el artículo 123 de la Ley 7/1985 se regulan las atribuciones del pleno y nos dice que se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos c), e), f), j) y o) y para los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. Las competencias que necesariamente han de ser aprobadas por mayoría absoluta son,
c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Tendrán en todo caso naturaleza orgánica:
La regulación del Pleno.
La regulación del Consejo Social de la ciudad.
La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana.

La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las competencias de su administración ejecutiva.

La determinación de los niveles esenciales de la organización municipal, entendiendo por tales las grandes áreas de gobierno, los coordinadores generales, dependientes directamente de los miembros de la Junta de Gobierno Local, con funciones de coordinación de las distintas Direcciones Generales u órganos similares integradas en la misma área de gobierno, y de la gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las Direcciones Generales u órganos similares que culminen la organización administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar el número de cada uno de tales órganos y establecer niveles complementarios inferiores.

La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.
e) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal; la creación o supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 de esta ley; la alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de denominación de éste o de aquellas Entidades, y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
f) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.
j) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.
o) Acordar la iniciativa prevista en el último inciso del artículo 121.1, para que el municipio pueda ser incluido en el ámbito de aplicación del título X de esta ley.

Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos.

Igualmente en el artículo 47 apartado 2. ll) se indica que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística y en el apartado 2. f) la probación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones

[i]En definitiva para la aprobación de la cuestión de confianza ligada a los presupuestos anuales o las ordenanzas fiscales se requiere mayoría simple y para la que se planteen ligadas al reglamento orgánico o la aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal se requerirá mayoría absoluta.[/i]

[b]PREGUNTA 5[/b]

En el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General se regula la elección del Alcalde y nos dice:
En la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.

En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado Alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales.
Y en el artículo 207 de la misma ley tenemos regulado el procedimiento de elección del Presidente de la Diputación Provincial y en él nos indica:
1. La Diputación Provincial se reúne en sesión constitutiva presidida por una Mesa de Edad, integrada por los Diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, y actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación para elegir al Presidente de entre sus miembros.
2. Para la elección de Presidente el candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda.

[i]Por lo tanto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, tenemos regulado la elección de los alcaldes y de los presidentes de las diputaciones provinciales además de sus posibles causas de cese.
[/i]
[b]PREGUNTA 6[/b]

Según el artículo 54 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, de la misma ley, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.

Por lo tanto es necesario tener claro la diferencia existente entre ambos conceptos.

La descentralización supone traspasar la titularidad de la competencia a otro ente a otra persona jurídica por ejemplo cuando el Estado traspasa una de sus competencias a una Comunidad Autónoma, o una función como es la gestión de los aeropuertos españoles se traspasa del Ministerio de Trasportes a una sociedad mercantil estatal como es Aena SME, S.A.

En cuanto la desconcentración es el traspaso de la titularidad de la competencia a otro órgano dentro de la misma Entidad, dentro de la misma persona jurídica. Por ejemplo la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana traspasa su competencias a la Dirección General de Carreteras, que es un órgano dependiente de ella.

[i]Por lo tanto la diferencia fundamental que existe entre las dos figuras es al sujeto al que se le traspasa las competencias la descentralización supone traspasar las competencias a otro órgano diferente del que las tiene atribuidas, con entidad propia y en la desconcentración se traspasa las competencias a otro órgano o entidad que depende jerárquicamente del primero.[/i]

[b]PREGUNTA 7[/b]

En el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local nos dice que la Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento igualmente en el artículo 23 de la misma ley nos indica que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno y en el artículo 126 de esa misma ley tenemos que corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.

En el artículo 22 de la Ley 7/1985 nos dice también que el Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.

El artículo 52 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales nos indica que el número de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Comisión de Gobierno, no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.

A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el número total de Concejales

[i]En definitiva lo que nos dice la norma es que la Junta de Gobierno Local no podrá tener más de un tercio de los Concejales que forman el Pleno más el Alcalde que será el que lo preside.

La Junta de Gobierno Local presidida por el Alcalde y formada como máximo por un tercio de los Concejales que forma el Pleno.

El Pleno formado por los Concejales elegidos y presidido por el Alcalde.[/i]

[b]PREGUNTA 8[/b]

El Secretario General del Pleno es una figura que según el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con la que contara el Pleno de los municipios de gran población regulado en el Titulo X de esa misma ley.

El Secretario del Ayuntamiento según el artículo 2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, es una de las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y cuyas funciones están reguladas en el artículo 3 de este mismo Real Decreto.

[i]Por lo tanto son figuras independientes por un lado tenemos al Secretario del Ayuntamiento que ejerce las funciones entre otras de fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, desempeñado por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y por otro tenemos en los municipios de gran población que el Pleno tendrá un Secretario General del Pleno.[/i]

[b]PREGUNTA 9[/b]

Según el artículo 37 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones

Y en el artículo 57 del mismo Real Decreto nos indica que la sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales se celebrará en el quinto día posterior a la proclamación de los Diputados electos, a las doce horas, en la sede de dichas Corporaciones, previa entrega de las credenciales respectivas al Secretario de la Corporación.

Si en la hora y fecha señaladas para celebrar la sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales concurriese a la misma un número inferior a la mayoría absoluta de Diputados electos, estos se entenderán convocados automáticamente para celebrar la sesión constitutiva, dos días después, la que habrá de celebrarse en el mismo local y a la misma hora. En dicha sesión la Corporación se constituirá, cualquiera que fuere el número de Diputados que concurrieren

Y en el artículo 205 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, Constituidos todos los Ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún Concejal dentro de cada partido judicial, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos.

El proceso de constitución de las Diputaciones deberá aplazarse hasta que se hayan resuelto previamente todos los recursos contencioso-electorales contra la proclamación de concejales electos en los municipios de la provincia
Igualmente en el artículo 206 de esta misma Ley Orgánica nos indica que realizada la asignación de puestos de Diputados, conforme a los artículos anteriores, la Junta Electoral convocará por separado dentro de los cinco días siguientes, a los Concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que hayan obtenido puestos de Diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos Concejales a quienes hayan de ser proclamados Diputados, eligiendo, además, tres suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes.

Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama los Diputados electos y los suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la Diputación certificaciones de los Diputados electos en el partido judicial.

[i]Y este es el proceso para la constitución tanto del Ayuntamiento como de las Diputaciones.[/i]

[b]PREGUNTA 10[/b]

El Padrón municipal es, en virtud del artículo 16.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.

También en el Título II del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se regulan los aspectos relacionados con la población y el padrón de habitantes de las Entidades Locales.

por supuesto, esas son las reglas generales, en cada norma se fijara cuales son los criterios para el computo de plazos, si no se indica nada tendremos que ir a la norma general.

[b]PREGUNTA 1
[/b]
En el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se regula los registros electrónicos de apoderamientos y en su apartado 6 nos indica lo que tú menciona,
Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción
[i]Es decir la validez de los apoderamientos como máximo será de 5 años desde el momento de la inscripción, y además también nos dice la norma que en cualquier momento el poderdante, el que otorga el poder, podrá revocar, anular, dicho poder o prorrogarlo por un tiempo máximo de 5 años desde el momento de la inscripción.
Los efectos del otorgamiento, de la revocación y de la prorroga tendrán lugar desde el momento de la inscripción en el registro de apoderamientos, por lo tanto una vez que se prorrogue un poder esa prórroga tendrá que ser nuevamente inscripta y por lo tanto desde ese momento tendrá una validez máxima de 5 años.[/i]

[b]PREGUNTA 2[/b]

En el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tenemos la regulación de los archivos de documentos y en su párrafo 2 nos indica que “los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable”
En el artículo 2 y siguientes del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original encontramos la regulación del régimen de la eliminación de documentos y, en su caso, de la conservación de los mismos en soporte distinto al original, en estos artículos nos indica la iniciación del procedimiento de eliminación de documentos y, en su caso, de conservación del contenido de los mismos en soporte distinto del original en que fueron producidos, documentación que será necesaria que acompañe al expediente y en estos artículos es donde nos indican que una vez reunida toda la documentación el expediente se remitirá al Presidente de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, y contendrá la propuesta de eliminación o en su caso de conservación en soporte distinto, de documentos o series documentales determinados, así como la petición del dictamen al que se refiere el artículo 5. Si la citada Comisión considerase precisa más información, la requerirá de la Comisión del Departamento u organismo que hubiese iniciado el procedimiento o, en su caso, de los Departamentos u organismos que estime afectados, que deberán remitirla en plazo no superior a tres meses, por lo tanto el primer plazo que tenemos es de tres meses para que los Departamentos u organismos remitan la información complementaria que le requiera la Comisión Superior Calificadora de Documentos.
En el artículo 5 del mismo Real Decreto tenemos regulado el segundo plazo que indicas la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos tendrá que emitir el dictamen preceptivo una vez que tenga toda la documentación, incluida la complementaria que haya solicitado a los Departamentos u organismos y que estos han tenido que remitirle en el plazo de tres meses, en el plazo máximo de un año a contar desde que disponga de la documentación completa de que se trate. En el caso de que el órgano proponente solicite por razones de urgencia un plazo inferior al citado, la Comisión Superior Calificadora podrá acordarlo así, notificándolo al órgano proponente
Por otra parte en el artículo 30 de Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos en su apartado 4 nos dice en los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan y en el artículo 46 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se regula el proceso de destrucción al que se refiere el artículo 30.4 de la Ley 11/2007 y nos dice que “las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30.4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, requerirán informe previo de la respectiva Comisión Calificadora de Documentos Administrativos y posterior dictamen favorable de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, sin que, en su conjunto, este trámite de informe pueda ser superior a tres meses. Una vez superado este plazo sin pronunciamiento expreso de ambos órganos, podrá resolverse el expediente de eliminación y procederse a la destrucción.”

[i]En definitiva tenemos dos procedimientos distintos el primero se trata de un procedimiento de eliminación de documentos y, en su caso, de conservación del contenido de los mismos en soporte distinto del original en este caso la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos tendrá que emitir el dictamen preceptivo una vez que tenga toda la documentación, incluida la complementaria que haya solicitado a los Departamentos u organismos y que estos han tenido que remitirle en el plazo de tres meses, en el plazo máximo de un año a contar desde que disponga de la documentación completa de que se trate.
En el segundo procedimiento se trata del supuesto de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, que se podrá procederse a la destrucción de los originales para ello se requerirán informe previo de la respectiva Comisión Calificadora de Documentos Administrativos y posterior dictamen favorable de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, sin que, en su conjunto, este trámite de informe pueda ser superior a tres meses. Una vez superado este plazo sin pronunciamiento expreso de ambos órganos, podrá resolverse el expediente de eliminación y procederse a la destrucción.[/i]
[b]
PREGUNTA 3[/b]

El derecho de petición se encuentra reconocido, como derecho fundamental, en el artículo 29 de la Constitución española. Dicho precepto remite a la ley la regulación del modo en que el mismo ha de ejercerse y los efectos que produce su ejercicio, esta ley por la que se regula este derecho fundamental es la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

En la página web del Ministerio de Justicia nos encontramos con una explicación completa de los trámites para ejercerlo y nos indica:

[b]Derecho de Petición[/b]

Es el derecho que permite a los ciudadanos realizar peticiones a cualquier institución pública, administración o autoridad. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendida dentro del ámbito de competencias del destinatario. No son objeto de este derecho las peticiones para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento distinto al regulado en la Ley Orgánica 4/2001.

[b]Quién puede solicitarlo/presentarlo[/b]

Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la Ley 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición, y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultarán exentos de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta.

[b]Información adicional[/b]

[b]Normativa básica[/b]: El artículo 29 de la Constitución española, la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre reguladora del derecho de petición.

[b]Forma de inicio[/b]: Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición.

En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos.

[b]Plazo[/b]: Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación.

[b]Documentos a aportar[/b]: Todos los que estime conveniente el peticionario.

[b]Tramitación de las peticiones[/b]: La Administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma al interesado. Cuando se estime incompetente para el conocimiento de la petición remitirá las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, Administración u organismo.
Inadmisión de peticiones: No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos) instituciones u organismos a que se dirijan ni para las que exista un procedimiento distinto al establecido en la Ley Orgánica 4/2001.

[b]Declaración de inadmisibilidad[/b]: Será siempre motivada y se notificará al peticionario en los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.
[b]
Contestación de peticiones[/b]: La autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses. La contestación incorporará las razones o motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo.

[b]Recursos[/b]: Sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona (art. 12 de la Ley 4/2001) contra las siguientes actuaciones:
a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.
b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.
c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2001.

El artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales., regula la estructura de los estados de ingresos y gastos y en el mismo nos dice que:

[i]“El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes apartados de este artículo”[/i]

Y además,

[i]“Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organización”[/i]

En el siguiente artículo, 168, del mismo Real Decreto Legislativo se regula el procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto y nos indica que,

[i]“El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente…”[/i] y [i]“…el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución”[/i]

En la actualidad la estructura de los presupuesto de las entidades locales está regulada en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP8/419/2014 de 14 de marzo para recoger los principios básicos de a clasificación por programas, redefinir la composición de la aplicación presupuestaria e introducir como concepto presupuestario independiente el Fondo de Contingencia, que podrá ser utilizado por cualquier Entidad local, de forma homogénea con el Estado y desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

[i][b]En definitiva la estructura de los presupuestos de las corporaciones locales la fijara el Ministerio de Hacienda por imperativo del artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.[/b][/i]

El párrafo que indicas corresponde al artículo 181del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que nos dice,

1. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés en el asunto que pueda resultar afectado por la cuestión que se esté sustanciando en un expediente, podrá comparecer en él mientras no haya recaído resolución definitiva para formular las alegaciones que estime convenientes a su defensa.

2. Si la Administración tuviese conocimiento de que existen otros interesados en el expediente, los requerirá por escrito para que se personen dentro del plazo de diez días y aduzcan lo que crean oportuno.

Es cierto que en este artículo se indica otro plazo, pero esta norma que es del año 1986 y en nada contradice la norma general recogida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que como ya te comentaba en su artículo 8, regula “Nuevos interesados en el procedimiento” y nos dice:

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

También en el artículo 118. Audiencia de los interesados, de la misma ley nos indica:

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.

[i]En definitiva en el párrafo que indicas el plazo es de 10 días y la norma general nos habla de un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días, por lo tanto no contradice en nada a la Ley 39/2015.[/i]

El texto que citas es el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que según indica en su exposición de motivos se trata del eje central del ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes.

Y es cierto que los plazos que indican en esta norma no coinciden con lo que nos indica el artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.
3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Sin embargo en la Disposición adicional primera de esta misma Ley 39/2015 nos indica que:
1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales.
2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley:
a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa.
b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo.
c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.
d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo.

[i][b]En definitiva[/b] la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será de aplicación, tan solo de forma supletoria, entre otros temas en materia de tributos y sus revisiones en vía administrativa.[/i]

PREGUNTA 1)

En el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se regula la motivación de los actos administrativos y en dicho artículo nos dice la norma:
• Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho entre otros
o Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio
Igualmente en los artículos 84 y siguientes de la misma ley se regulan la finalización de los procesos administrativos y en el artículo 84, nos dice:
1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.
Por lo tanto lo que la obligación de motivar las resoluciones recogidas en el artículo 84 de la Ley 39/2015, ya está también recogida en el artículo 35 de la misma ley donde se recogen los supuestos en que han de ser motivados los actos administrativos entre ellos los regulados en el artículo 84.

PREGUNTA 2)

En el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se regula la aprobación de las Ordenanzas locales y su procedimiento. Y en el artículo 51 de la misma ley nos indica:
“Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley”
Una de los casos en que se demora su eficacia es la recogida en el artículo 70 de la misma ley
“Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2a). Indicando en este artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
1. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.
2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.
Por lo tanto la ordenanza municipales entraran en vigor una vez se haya publicado completamente su texto y no haya trascurrido el plazo previsto en el artículo 65 de la ley 7/1985, es decir 15 dias.
En cuanto a las ordenanzas fiscales se regulan en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 17 nos indica en su apartado 4):
4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación
Por lo tanto las ordenanzas fiscales entraran en vigor una vez se hayan publicado íntegramente.
Concluyendo
• las ordenanzas municipales se regularan por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y entraran en vigor a los 15 días tras su publicación, como regla general.
• las ordenanzas fiscales se regulan por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y entraran en vigor en una vez que se hayan publicado íntegramente, como regla general.