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Hola Sildavia.
En primer lugar, te hago una breve copia de lo que respecto a los “actos políticos” dispone el preambulo de la ley de la jurisdiccion contencioso administrativa
La delimitación del ámbito material de la Jurisdicción lleva también a precisar algunas exclusiones. La nueva Ley respeta en tal sentido la atribución de ciertas competencias relacionadas con la actividad administrativa a otros órdenes jurisdiccionales que establecen otras Leyes, en su mayor parte por razones pragmáticas, y tiene en cuenta lo dispuesto por la más reciente legislación sobre los conflictos jurisdiccionales y de atribuciones. En cambio, la Ley no recoge ya, entre estas exclusiones, la relativa a los llamados actos políticos del Gobierno, a que se refería la Ley de 1956.

Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho.

Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad –llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política– excluida «per se» del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al Derecho. En realidad, el propio concepto de «acto político» se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo.

Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del Poder ejecutivo regido sólo por el Derecho constitucional, y exento del control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.

Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley señala –en términos positivos– una serie de aspectos sobre los que en todo caso siempre será posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto, y la determinación de las indemnizaciones procedentes.

En cuanto a los actos de aplicación de una disposición general, efectivamente el art. 26 empieza indicando la posibilidad de formular recursos contra ellos, pero basándolos en que tales disposiciones no son conformes a Derecho; por tanto si lo fueran, no serían recurribles.

Finalmente, si admitimos la posibilidad de recurso contra los actos “politicos” del Gobierno y tambien que se recurriera contra los actos dictados en virtud de una disposicion general no recurrida (por no ser conformes a Derecho), la opción correcta como bien indicas sería la c.

Estas preguntas y las respuestas que ofrecemos creemos que harán profundizar vuestro estudio.

Saludos.

Jo, vaya preguntita de Sildavia 🙂 y vaya respuesta de Bg,

he leido y releido este post y aún estoy intentando digerirlo, a ver la digestión… 🙂