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Almudena Vigil.- La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasará a llamarse Código Procesal Penal, podría incluir un periodo de ‘vacatio legis’ de tres años, lo que retrasaría su entrada en vigor una vez que se apruebe el texto definitivo. La redacción actual, elaborada por una comisión de expertos y que aún no ha asumido como propia el Ministerio de Justicia, no contempla todavía esta medida, que sí incluía el anteproyecto de reforma de esta normativa que planteó el ministro anterior, Francisco Caamaño, pero que no llegó a ver la luz.
Según planteó ayer el presidente de la comisión de expertos que ha redactado la reforma, el magistrado Manuel Marchena, en una ponencia en el Congreso del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, “tres años sería un plazo razonable” para poner en marcha todo un nuevo sistema en el que el fiscal pasa a hacerse cargo de la investigación. El presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, apuntó en este sentido, que incluso es posible que este plazo se quede corto, teniendo en cuenta el elemento organizativo necesario para la remodelación inmensa de la regulación de Justicia que se está produciendo.
En su intervención, Marchena, que ha aclarado que en la redacción del texto de la comisión de expertos no hubo absolutamente ninguna línea directriz sugerida por el Gobierno, insistió en que la figura del fiscal investigador no supondrá ninguna intromisión del poder político en la instrucción. “La afirmación de que con este modelo el fiscal podrá dejar de investigar asuntos que no le interesen no se sostiene”, afirmó, explicando que existen en el texto mecanismos correctores para evitar que esto suceda.
En cuanto a la polémica sobre un posible control remoto de ordenadores de sospechosos
criminales por parte de la Fiscalía, aclaró que la reforma busca poner límites a la investigación en este ámbito y negó el uso de ‘troyanos’.
Opinión de los secretarios judiciales
El colectivo de secretarios judiciales ha dejado ver durante el Congreso que han celebrado estos días en Sevilla y que se clausura este viernes, su preocupación en cuanto a cuál será su papel en el modelo organizativo que establece el nuevo Código Procesal Penal, con el fiscal investigador. En este ámbito de reorganización del personal parece que todavía quedan cabos sueltos por concretar y de ahí que su implantación vaya a requerir un tiempo de adaptación, la vacatio legis antes comentada.
En opinión de Rafael Lara, la filosofía del nuevo texto es positiva, pero técnicamente mejorable en lo que respecta a la intervención del secretario judicial. El presidente de este colectivo recuperó lo dicho en la ponencia de Manuel Marchena respecto a que, en el ámbito internacional el modelo español de juez instructor es un caso aislado y respaldó que, en base a ello, se dé este paso próximo a los países de nuestro entorno.
Respecto a otras reformas, como la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que otorga nuevas competencias de comunicación y ejecución a los procuradores, Lara recordó que esa medida “no agrede ni afecta a las competencias de los secretarios judiciales”, pero sí se manifestó “a favor de que haya competencia entre varias profesiones” en el ejercicio de estas nuevas funciones, y no se entregue a un colectivo en exclusiva, como también ha exigido recientemente la Comisión Nacional de la Competencia.
En este sentido, Rafael Lara también manifestó que están en contra de que la nueva ley de Jurisdicción Voluntaria pueda repartir competencias en exclusiva para determinados colectivos, porque cree que eso sería crear monopolios.
Reforma del CGPJ
Lara, que señaló que con el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón tienen “una relación muy directa” que no habían tenido con ministros anteriores, opinó también sobre la reforma del sistema de elección de los vocales en el nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial: “Ya manifestamos que, técnicamente, entra dentro del marco constitucional porque mantiene el sistema vigente con modulaciones”. Estas modulaciones, según explicó, permiten dotar al Consejo de eficiencia y buena gestión del gasto. Además, dijo que le parecía una reforma muy positiva y que no cree “que afecte a la independencia del juez a la hora de juzgar”.
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