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NOVEDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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En septiembre de 2021 trasladamos los foros de dudas a los Campus Opositas de preparación de Oposiciones para mejorar así el servicio de resolución de dudas a los alumnos y alumnas de OPOSITAS.
Este foro, abierto en el año 2004, contiene más de 27.000 entradas con resoluciones de dudas de estudio de diferentes administraciones. ¡No somos capaces de borrarlo pues en cada uno de sus post está parte de nuestro ♥!

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
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  • #302587
    paco
    Participante

    Madrid.- A propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, elemento clave para hacer realidad la profunda transformación estructural de juzgados y tribunales planteada por la Ley Orgánica del Poder Judicial tras su modificación por la LO 19/2003, de 23 de diciembre.
    Para conseguir estos objetivos, la presente reforma modifica un total de quince leyes procesales, que son: Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Hipotecaria, Ley sobre Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, Ley de Extradición Pasiva. Ley Cambiaria y del cheque. Ley de Patentes. Ley de Procedimiento Laboral, Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley Concursal y Ley de Arbitraje.
    La puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial permitirá una organización judicial racionalizada que optimizará los medios humanos y materiales con que cuenta la Administración de Justicia, tanto por la reordenación de los servicios procesales -en los que se especializarán las labores que deba realizar el personal a su cargo-, como por la incorporación de los medios tecnológicos adecuados para realizar de la manera más eficaz y segura los trámites judiciales.
    SERVICIO PÚBLICO EFICAZ
    Esta modernización de juzgados y tribunales redundará en un servicio público eficaz y cercano al ciudadano, que verá plenamente garantizada la protección de sus derechos y la efectividad de los procedimientos penales, permitiendo consolidar la confianza en las decisiones jurisdiccionales como garantes del orden social.
    En cuanto a la vertiente organizativa, la principal novedad de la reforma descansa en el reparto de funciones que dentro de la Oficina Judicial se establece entre jueces y magistrados y secretarios judiciales. En consecuencia, con el mandato del artículo 117 de la Constitución Española, que atribuye a jueces y magistrados la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se ha realizado una labor de deslinde de todas las actuaciones judiciales que no se corresponden estrictamente con tales funciones, siendo atribuidas éstas a los secretarios judiciales.
    Este cuerpo superior jurídico asume con la reforma importantes competencias tales como la admisión de las demandas, terminación anticipada del procedimiento o las decisiones de ejecución amparadas por la orden general que dicte un juez, así como el conocimiento y resolución de múltiples trámites e incidentes de los procedimientos (tasaciones de costas, jura de cuentas, ect) y labores organizativas.
    Sin embargo, esta regla general en materia de admisión no se extiende a la jurisdicción penal, dada la importancia de los derechos del justiciable que se pueden ver afectados, lo que aconseja el conocimiento de los asuntos desde el primer momento por el juez.
    En todo caso, la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos queda garantizada por la posibilidad de recursos ante los jueces contra las resoluciones de los secretarios judiciales que los afecten. De esta manera, jueces y magistrados quedan descargados de toda labor no jurisdiccional en las oficinas judiciales y pueden centrarse en su labor constitucional.
    REGISTRO EN SOPORTE AUDIOVISUAL
    También se extiende a todos los órganos jurisdiccionales la obligación de registrar en soporte audiovisual las actuaciones que ante ellos se practiquen, medida que lleva aplicándose con gran éxito en la jurisdicción civil desde el año 2001. Incluso se refuerza esta garantía, previendo la incorporación de firma electrónica en las actas generadas por estos medios.
    En este sentido, se establece que el documento electrónico que contenga la grabación, siempre que incorpore la firma electrónica reconocida del secretario judicial, constituirá el acta a todos lo efectos.
    La reforma ha supuesto también una oportunidad para introducir algunas modificaciones largo tiempo reclamadas desde el ámbito jurídico. Así, en materia penal se verán reforzadas las garantías de las víctimas y perjudicados por los delitos, que serán informados de todos sus derechos y acciones en el propio órgano judicial y dispondrán de mayor información de los procedimientos de los que formen parte. Asimismo, en materia civil, el incremento de la cuantía del procedimiento monitorio pasa de 30.000 a 150.000 euros, potenciando un trámite sencillo y fiable para la resolución de deudas dinerarias documentadas, evitando al ciudadano tener que acudir a los más complejos procedimientos declarativos.
    AGENDA PROGRAMADA DE SEÑALAMIENTOS
    La reforma también introduce nuevos medios técnicos, como la agenda programada de señalamientos o la posibilidad de realizar pujas en las subastas judiciales a través de Internet, y se potencian los ya existentes. El secretario judicial tendrá competencia para el señalamiento de las vistas judiciales y será quien gestione la agenda programada. Se generaliza la grabación de las vistas en todas las jurisdicciones, previendo la incorporación de firma electrónica en ellas para mayor garantía de los derechos de los justiciables.
    Estas nuevas normas, apoyadas por la creciente inversión del Estado en Justicia, que permitirá disponer de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo este ambicioso proyecto, supondrán la definitiva superación de los lastres arrastrados por la Administración de Justicia y construir la Justicia del siglo XXI. Informó el Ministerio de Justicia.

    #302588
    paco
    Participante

    ESTO PARECE QUE SE MUEVE.
    Madrid.- Los órganos judiciales contarán con un nuevo sistema de medición de su carga real de trabajo dentro de seis meses que sustituirá al actual de los módulos, cuyo resultado no ha sido satisfactorio, según ha señalado hoy el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez.
    Este ha sido uno de los acuerdos de la primera reunión de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, un instrumento de coordinación de los sistemas estadísticos creado el pasado año y en el que participan, además del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas -representadas por País Vasco, Cataluña, Canarias y Madrid- y el Instituto Nacional de Estadística.
    El secretario de Estado de Justicia ha indicado que en este nuevo sistema de medición hay que introducir no sólo datos puramente numéricos sino otros relativos a la complejidad de los asuntos, la penosidad y otras circunstancias de los que hoy no se dispone y que son necesarios para determinar la planta judicial y para prever las necesidades del propio sistema judicial.
    El actual sistema de módulos es demasiado simple y es preciso uno más elaborado que ofrezca más información, ha explicado Pérez, que ha indicado que la comisión mixta CGPJ-Ministerio de Justicia encomendó a la Comisión Nacional de Estadística el diseño de este nuevo modelo de medición.
    Otro de los objetivos de esta Comisión es la integración de los sistemas estadísticos que resultan directamente de la gestión procesal y que se prevé que esté realizada a lo largo de 2009.
    Con esta iniciativa se pretende estandarizar las aportaciones que jueces y secretarios judiciales hacen a la elaboración de los datos estadísticos.
    El vocal del CGPJ Manuel Almenar ha explicado que se trata de conocer en tiempo real cuál es la situación de todos los órganos jurisdiccionales ya que hoy se carecen de datos para saber de forma automática cuál es la carga de trabajo, pendencia y el tiempo de respuesta de un determinado órgano jurisdiccional.
    A través de la integración de los sistemas estadísticos se estará en condiciones de adoptar de forma inmediata cualquier tipo de medidas de refuerzo o reaccionar ante cualquier disfunción, ha señalado el vocal.
    Almenar ha indicado que además se pretende la interconexión de los sistemas informáticos de las Comunidades Autónomas, Ministerio y CGPJ para que a finales de 2009 toda la Administración de Justicia en España esté en red, de tal forma que desde cualquier puesto se pueda acceder y solicitar información a cualquier unidad judicial. Informó EFE.

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