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[b]RESPUESTA PRIMERA PREGUNTA[/b]
Exacto, aquella actuación que ha realizado el procurador “porque ha querido” sin que estuviese obligado ya podrían haber sido perfectamente practicada por la Oficina Judicial no se incluirá en la tasación

[b]RESPUESTA SEGUNDA PREGUNTA[/b]
La respuesta correcta es la c) porque es literal de la LEC:
Artículo 33. Designación de procurador y de abogado.
[i]2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá pedir que se le designe abogado, procurador o ambos profesionales, [b]cuando su intervención sea preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria haya comunicado al Tribunal que actuará defendida por abogado y representada por procurador.[/b]
En el caso de que la petición se realice por el demandado, deberá formularla en el plazo de los tres días siguientes a recibir la cédula de emplazamiento o citación.
Estas peticiones se harán y decidirán conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen.[/i]

En cuanto al compromiso del pago de los honorarios, habrá que hacerse para que le designen ese abogado y procurador de oficio igualmente en el mismo supuesto (cuando su intervención s[u]ea preceptiva o cuando no siéndolo, la parte contraria actuara con ellos[/u]) NO EN TODO CASO.

Por tanto, en todo caso no puede ser, porque para que se le designe, tiene que darse varios requisitos:
– Que sea preceptiva.
– No lo sea, pero lo otra parte actúe con ellos.
Si no es preceptiva y la otra parte no actúa con ellos no podrá pedir que se le designe dichos profesionales; por lo que no puede ser EN TODO CASO

[b]RESPUESTA TERCERA PREGUNTA[/b]
Exacto, solo sería en el orden penal

[b]RESPUESTA CUARTA PREGUNTA[/b]
No. Tu misma lo has resumido muy bien.
[u]El punto 1 bis dice:[/u] En todo caso, en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, [b]siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados[/b], a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.
Sin embargo,[u] el punto 5 dice[/u]: En los casos del número 1º del artículo 250.1, se informará al demandando de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. A los mismos efectos, se comunicará, [b]de oficio por el Juzgado[/b], la existencia del procedimiento a los servicios sociales. En caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente.
En el punto 5 solo se necesita el consentimiento de los interesados para la cesión de datos. En lo demás, el proceso se impulsará de oficio y sin necesidad de consentimiento