La capacidad de obrar, a su vez, parte de la capacidad jurídica, aunque supone un ascenso en cuanto a las posibilidades de actuación frente a la Administración al atribuir una posición como sujeto pasivo. En base a esto, una persona podrá presentar solicitudes ante la Administración Pública, así como también podrá instar a que se inicien procedimientos de carácter administrativo, puesto que es en este ámbito donde adquiere su principal extensión.