Mientras la jurisdicción es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la competencia es el ejercicio concreto de la jurisdicción respecto a unos conflictos determinados. Por tanto, la competencia sirve para determinar qué órgano tiene idoneidad o aptitud para conocer del proceso penal.
Los criterios competenciales en el orden penal son, al igual que en el orden civil, la (competencia) objetiva, la funcional y la territorial.
En el caso de tu pregunta, la que nos interesa es la objetiva, la cual sirve para determinar cuál es el órgano competente para conocer en primera instancia, y se atiende a tres criterios:
1) Criterio ordinario, el cual atiende a la mayor o menor gravedad del hecho que se está enjuiciando (delito o falta).
2) Criterio ratione materiae, el cual atiende a la naturaleza especial del objeto (por ejemplo, de tal delito conoce el Tribunal del Jurado, porque así lo declara el art. 1 de su Ley Orgánica).
3) Criterio intuitu personae, el cual atiende a la cualidad del sujeto que se enjuicia (como por ejemplo, los aforados).
Desarrollando este tercero, que es el que interesa, el aforamiento se puede definir como el derecho que tienen ciertas personas a ser juzgadas por un tribunal diferente al que le correspondería si se aplicaran las reglas ordinarias. A esto se denomina fuero, y de ahí viene el nombre de aforamiento. Este derecho recae en ellos por razón del cargo público que ostentan.
En cuanto a si son aforados los Adjuntos del Defensor del Pueblo, el art. Sexto.Tres de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo resulta igualmente de aplicación a sus Adjuntos por indicación expresa del Sexto. Cuatro de la misma norma.
Confío en haber resuelto tu duda. Un saludo.
