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Atendiendo a las condiciones de impugnación, hay cuatro tipos de actos administrativos:

-De trámite;

-Definitivos o finalizadores del procedimiento; los cuales se pueden subdividir en dos según la forma, a saber:

-Que causan estado o agotan la vía administrativa;

-Firmes.

1- De trámite, los cuales impulsan el procedimiento administrativo de que se trate, no resuelven las pretensiones planteadas por la Administración o los interesados (por ejemplo, los informes preceptivos). No son recurribles directamente, puesto que no resuelven ni deciden. Si la Administración incumple la ley en la realización de algún acto de trámite, la impugnación se realizará siempre en relación con el acto final o definitivo que resuelve todas las las cuestiones planteadas en el procedimiento.

Ésta es la regla general, pero hay excepciones, contenidas en el art. 107.1 de la Ley 30/1992, en cuyo caso hay que probar que se ha dado alguno de estos supuestos.

2- Final o definitivo, que en la Ley 30/1992 se denomina resolución (la obligación de todas las Administraciones Públicas de resolver, de dictar este acto final o definitivo). Engloba todo acto que decide sobre cuestiones planteadas en el procedimiento administrativo de que se trate. Al decidir, es en todo caso recurrible, bien ante la propia Administración Pública que lo ha dictado [b](recurso de alzada contra actos que no pongan fin a la vía administrativa, o recurso potestativo de reposición contra resoluciones y actos que pongan fin a la vía administrativa)[/b], o bien ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Atendiendo a la forma de este acto, pueden ser:

3- Que causa estado o agota la vía administrativa cuando dicho acto definitivo no es susceptible de ningún recurso administrativo (la resolución del recurso de alzada). Frente a ellos sólo cabe recurso jurisdiccional, pues agotan la vía administrativa. Así, el art. 109 de la Ley 30/1992, la Disposición Adicional 15ª de la Ley 6/1997 (LOFAGE), art. 52.2 de la Ley 7/1985, y las leyes correspondientes de Gobierno y Administración de cada Comunidad Autónoma.

4-Firme es un acto definitivo, y no es susceptible de ningún recurso ordinario, ni administrativo ni jurisdiccional, bien porque se hayan agotado todos los previstos en la ley (hay al menos una sentencia que declara la legalidad del acto) o porque se han dejado transcurrir los plazos para recurrir. En este caso, sólo puede recurrirse, si se dan los supuestos para ello, mediante el recurso extraordinario de revisión, el cual existe en el orden administrativo y en el jurisdiccional. Los actos que incurren en una causa de nulidad no devienen firmes nunca, aunque transcurriesen los plazos para recurrir, porque la nulidad no prescribe nunca, y por lo tanto siempre podrán revisarse.

Por tanto, debe quedar claro que el acto no deviene firme hasta que sea irrecurrible porque hayan transcurrido los plazos para recurrir, o porque hay una sentencia que lo declara válido, sin perjuicio de que pueda alegarse posteriormente alguna de las causas de nulidad.

Además, tras la resolución de un recurso de alzada, sólo podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa. Es decir, después del recurso de alzada [b]NO CABE[/b] el recurso potestativo de reposición. Cuando se tenga el acto definitivo o resolutorio, podrá interponerse uno u otro, [b]nunca los dos consecutivamente[/b], y en la propia resolución del acto la Administración da lo que se denomina el “Pie de recurso”, es decir, el recurso que procede interponer y el plazo para dicha interposición.