En cuanto a los criterios o valores primarios y fundamentales que deben establecerse para decidir si un documento debe conservarse o no, debemos partir siempre de los siguientes:
Los documentos deberán conservarse necesariamente:
– mientras tengan vigencia administrativa
– en tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas y de los entes públicos.
Es decir, mientras el documento puede constituir un elemento probatorio para poder constatar un determinado derecho y/o obligación, tanto de las personas como de las AAPP, dicho documento deberá ser conservado.