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Probablemente sea una pregunta anulada por dos razones:

1.- Como sabreis algunos, en su momento surgió una agria discusión a nivel normativo según la posibilidad o no de que un Decreto puediese modificar la originaria distribución ministerial que en su momento se enumeró y nominó a través de una Ley -por aquello del rango normativo-. La polémica se resolvió habilitando tal posibilidad en otra Ley con lo que se llegó a la conclusión de la constitucionalidad de tal regulación reglamentaria. Y ¿por qué esta explicación? Porque sencillamente la propia Ley 30/1984 establece la adscripción del Registro Central de Personal a la D.G. de la Función Pública (art. 13.1) y podría planterse la problematica sobre la jerarquía normativa. Bajo mi punto de vista existe una derogación parcial y tácita de ese apartado con lo que en principio la respuesta c) de la pregunta 42 del cuestionario podría ser correcta, ya que si ni en la convocatoria ni en el examen han especificado la sujeción temporal de la normativa se entiende que es de aplicación la existente en el momento de la celebración del mismo puesto que de lo contrario se generaría cierta inseguridad jurídica.

2.- La respuesta a) de la pregunta 42 del cuestionario en principio también tiene visos de ser falsa porque de lo contrario no sólo se vulneraría el artículo 13.5 de la Ley 30/1984 sino también la Ley 15/1999
en el sentido de que se permitiría el acceso a datos personales por parte de cualquier ciudadano que así lo desee, mientras que la normativa reguladora es bastante clara a la hora de señalar que el libre acceso sólo corresponde al personal al servicio de las Administraciones Públicas y únicamente para la consulta de “su expediente personal”. Además, el principio de publicidad hace que la información que se recoge en el registro sea accesible a cualquiera. Por consiguiente, teniendo en cuenta que ni la pregunta ni las respuestas establecen con exactitud QUIÉN tiene libre acceso al Registro entiendo que también es falsa.

Lo que no me explico es como no hay nadie que haya planteado después del tiempo que ha transcurrido desde que se hizo el ejercicio la posible anulación de la pregunta (cosa muy habitual en este tipo de oposiciones).

En mi modesta opinión creo que el Tribunal se basó en la Ley 30/1984 para elaborar esa pregunta dado que se sitúa como la primera de las destinadas al bloque de función pública en el ejercicio. De lo contrario, creo que la habría situado mas bien dentro de las preguntas del bloque de organización del Estado por aquello de la reestructuración ministerial.

No puedo estar mas de acuero contigo, aunque también he leído interpretaciones del RD1320/2004 por las cuales el Registro Central no estaría “adscrito” a la DGM sino que lo que habría es una “encomienda de gestión”. En fins, yo creo que, aunque la tengo bien (bueno, la a) es la que puse 😛 ), sería anulable.

Por otro lado, y si no es mucha molestia, ¿podrías indicarme cual es esta Ley que mencionas?
[quote=”leguleyo”:tsp1lc84]La polémica se resolvió habilitando tal posibilidad en otra Ley con lo que se llegó a la conclusión de la constitucionalidad de tal regulación reglamentaria.[/quote]

Muchas gracias.