Hola Fernandong, muy buena pregunta, vamos a resolver tu duda, en primer lugar la Ley del Gobierno y la administración de CAM (1/1983), no establecía la obligatoriedad de pertenecer como diputados de la asamblea a Consejeros y Vicepresidentes, sino que esta obligación era solamente para los Vicepresidentes, y esto fue así hasta la reforma del estatuto en el año 1998, donde se modificó el artículo 22.2 por la Ley Orgánica 5/1998 de 7 de julio estableciendo que: “Para ser Vicepresidente o Consejero no será necesaria la condición de Diputado”.
Por lo tanto este último es el criterio que debemos seguir en el examen.
un saludo.

Buenos días, Fernandong:

En esta cuestión nos encontramos frente a un contrato de servicios (artículo 17 LCSP).

Pasamos a rectificar la pregunta 36 del test número 2.

Saludos.

[b]DUDAS TEST CONSTITUCIÓN Nº 7[/b]

Vamos a analizar unas dudas de una alumna sobre estas preguntas de CE:

[b]4. Se concederá la extradición:
[/b]a) en base a la comisión de cualquier tipo de delito.
b) en base a la comisión de delitos de terrorismo.
c) en base a la comisión de delitos e infracciones administrativas muy graves.
d) en base a la comisión de delitos políticos.

Hay que tener mucho cuidado con el entramado del artículo 13 de la CE, concretamente en este caso con el 13.3. Cito textualmente:

[i]La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.[/i]

En respuesta a la pregunta planteada, diríamos que la respuesta correcta es la b), puesto que los delitos políticos tal y como dice este artículo, quedan EXCLUIDOS de la extradición. No nos confundamos con los actos de terrorismo, que SI están incluidos en la extradición.

[b]40. No puede ser recabada ante el Tribunal Constitucional por medio del recurso de amparo la tutela del:[/b]
a) derecho al trabajo.
b) derecho a la seguridad.
c) derecho a la objeción de conciencia.
d) derecho a la intimidad personal.

El recurso de amparo, tal y como lo conocemos, puede ser interpuesto cuando se consideren vulnerados los derechos fundamentales y el artículo 30.2 (objeción de conciencia). Con lo cual, ante esta pregunta la respuesta correcta es la a) tal y como defiendes, ya que el derecho al trabajo NO es un derecho fundamental (artículo 35).

Espero que hayan quedado resueltas esas dudas. Con lo que respecta a la corrección de la pregunta 40 del test número 7 de CE, de inmediato paso a corregirla y sustituir el test.

Un saludo, Cristina.

[b]Duda de una alumna.- Niveles de Protección[/b] [b]Artículo 53 CE[/b]

[i]Buenas tardes, no me queda claro, por qué al referirse al nivel dos, sólo se encuadra en éste, la sección segunda de capítulo 2 título 1 de la constitución, y por qué no todo el capítulo?[/i]

Buenas tardes.

Es imprescindible diferenciar la protección que tienen los denominados “derechos fundamentales” del resto. Copio literalmente el artículo 53 de la CE para explicarlo:

[color=purple][b]Capítulo cuarto. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales[/b][/color]

[b]Artículo 53[/b]

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Vamos a extraer ideas fundamentales de este artículo:

a. [b]NIVEL I. Los derechos fundamentales[/b] regulados en la Sección primera del Capítulo II del Título I (y la objeción de conciencia del 30.2) son susceptibles de RECURSO DE AMPARO. Además, los derechos fundamentales tienen carácter [u]preferente[/u].

b. Todos los derechos reconocidos en el Capítulo II del Título I vinculan a los poderes públicos; y nos dice el artículo 53.1 que sólo por ley podrá regularse el ejercicio de tales derechos. Lanzo una pregunta:

[color=red][i][b]- ¿Por qué no nos dice en ese artículo 53.2 que se regularán esos derechos por LEY ORGÁNICA?[/b][/i][/color]

[b]NIVEL II.- Sección segunda del capítulo II del Título I (Derechos y deberes de los ciudadanos)[/b]

c. En el [b]nivel III[/b] del tema 1 citan textualmente el artículo 53.3 ([b]principios rectores de la política social y económica[/b]).

Debemos de entender estos niveles de protección desde el punto de vista jerárquico, y no confundir nunca aquellos derechos susceptibles de regulación por LEY o LEY ORGÁNICA y susceptibles de RECURSO DE AMPARO.

Un saludo, Cristina.

Buenas tardes, Marta.

Vamos a ver la información que tenemos respecto a esa pregunta, qui incluye contratos pero también derecho presupuestario de la Comunidad de Madrid.

El [b]Reglamento General de Contratación Pública de Madrid[/b], Decreto 49/2003, de 3 de abril, en su art. 5 dice:

[u]Artículo 5. Autorización del Gobierno[/u]
1. Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, y cuando así lo determine su normativa específica las Entidades de Derecho Público y demás Entes públicos, necesitarán autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la celebración de contratos en los siguientes supuestos:
a) En los contratos de cuantía indeterminada.
b) Cuando el importe del contrato coincida con las cuantías que para la autorización de gastos la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid reserve a la autorización del Gobierno.
c) En los contratos de carácter plurianual que requieran la modificación de los porcentajes o del número de anualidades a los que se refiere el artículo 55.4 de la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
d) Cuando se concierte el pago mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere el máximo previsto al efecto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
e) En los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total del precio, según lo previsto en la legislación sobre contratos públicos.
f) En los contratos de suministro de bienes muebles con pago aplazado en el supuesto recogido en el artículo 57.3 de la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

2. Cuando el Gobierno autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando sea causa de resolución y la resolución misma, en su caso.

ADEMAS EN ESTA CUESTIÓN SIEMPRE HAY QUE MIRAR LA LEY DE PRESUPUESTOS. EN ESTE CASO LA LEY DE PRESUP 2018 DE LA CAM DICE :

[u]Artículo 55. Gestión presupuestaria.[/u]

“1. Compete al Viceconsejero de Sanidad la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Consejo de Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se atribuyen al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos:
a) Gastos de cuantía indeterminada.
b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros.
c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos del programa 312A “Atención hospitalaria”.
d) Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de
anualidades supere cuatro años.
3. El previo informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo.
4. El Viceconsejero de Sanidad será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.”