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Intentando aclararme he seguido indagando y éstas son las conclusiones:

Primero:

En relación al artículo 57 EBEP, está la Ley 17/93 (derogada por el propio estatuto) sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás estados miembros de la Comunidad Europea; y el RD 543/01 (vigente) sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores. Siendo la exposición de motivos de ambas bastante esclarecedoras; cito una parte de la ley 17/93:
“La libre circulación de trabajadores en el seno de la Comunidad Europea, que implica la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados Miembros de la CE con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo, es de plena aplicación en España desde el 1 de enero de 1992.
Aunque el artículo 48.4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea excluye de dicha libertad a los empleos en la Administración Pública, reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las comunidades Europeas ha venido realizando una interpretación restrictiva de lo que haya de entenderse por empleos en la Administración Pública, constriñéndolo a aquellos empleos que supongan una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de las Administraciones Públicas.
En desarrollo de dicha interpretación del Tribunal de Justicia, la Comisión ha señalado determinados sectores de actividad incardinados dentro de la función pública, a los que sería aplicable la libertad de circulación de trabajadores. Por todo ellos, se hace necesario llevar a cabo las modificaciones normativas precisas que permitan el acceso de los nacionales de los demás Estados miembros de la CE a los citados sectores de la función pública.”

El artículo del Tratado CEE que menciona es el siguiente:

1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad.
2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho:
a) De responder a ofertas efectivas de trabajo;
b) De desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros;
c) De residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales;
d) De permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos de aplicación establecidos por la Comisión.
4. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la administración pública.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:

[url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993J0473:ES:HTML]http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex … 73:ES:HTML[/url]

Así pues teniendo en cuenta que el derecho comunitario prevalece a las normas nacionales, aún pareciendo ser el art. 57 del EBEP inconstitucional respondería al desarrollo legislativo de una norma comunitaria.

Segundo:

Si por funciones y cargos públicos (art. 23.2) se refiere a cargos y puestos de trabajo que impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y se trate de funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas; entonces si son de único acceso a los españoles (art. 13.2), siendo la condición primordial la igualdad (no puede existir ningún tipo de discriminación para acceder a tales puestos siempre que se reúnan “los requisitos que señales las leyes”).
Y por otro lado estarían los puestos de trabajo en la función pública (art. 103.3).cuyo acceso está regulado por ley (EBEP) y cuyos principios esenciales son el mérito y la capacidad (principios fundamentales en todo proceso selectivo).

¿Puede ser una repuesta válida?

Un saludo