Foros OPOSITAS

Aquí va la primera parte sé que es un poco rollo pero yo la entiendo, esto viene de los tiempos que Luís Bárcenas era tesorero del PP y había si acaso un millón de parados, pero si se lee creo que se entienda.

La peculiaridad que introduce el precepto, es que en consonancia a esta visión práctica y de economía de trámites que se hace patente con carácter general dentro del ámbito de la ejecución, se autoriza al acreedor en el caso de que el bien hipotecado o pignorado NO SEA SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEUDA, que solicite el embargo de otros bienes en proporción suficiente para cubrir la cantidad que le reste, continuándose la ejecución como si de un crédito personal ordinario se tratara, sin obligar al acreedor a presentar una nueva demanda o reclamación, con el consiguiente incremento de gastos que ello habría de reportarle, no sólo a él sino también al propio deudor, lográndose a la par también una rápida satisfacción del débito, y que en definitiva no hace más que reconocer esa orientación que ha experimentado el mercado hipotecario, en el que se ha dejado de considerar que la mera garantía real ofrecida era en sí misma suficiente para cubrir el débito, con independencia de la solvencia personal del deudor. Cambio de orientación que entre una multiplicidad de causas podría explicarse por la misma saturación del mercado; la enorme depreciación de los bienes por consecuencia de su sumisión a un proceso de ejecución; o que por resultar las entidades crediticias más competitivas, se han visto obligadas a ajustar los límites hasta el extremo de tener que complementarlos con la consideración de la solvencia personal de su deudor, al que incluso se le llega a exigir pese a la garantía real ofrecida alguna suerte de garantía o aval derivado de sus propios ingresos o bienes personales.

Una vez aprobado el remate y consignada, en su caso, la diferencia entre lo depositado y el precio del remate se establece que el Secretario Judicial dicte un decreto de adjudicación, en el que habrá de expresarse, en su caso, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria. Se establece así la necesidad de dictar, además del decreto de aprobación del remate, un nuevo decreto de adjudicación, en el que se han de recoger las circunstancias antedichas.