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Recogido por la LEC en su artículo 134 constituye un principio o una característica de los plazos procesales que busca evitar que estos puedan ser prorrogados, lo que viene a dar impulso al proceso evitando admitir actos procesales una vez que haya transcurrido el plazo para ello. En caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, podrán no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos (no prorrogarse), reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. (véase preclusión).

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