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El CGPJ pretende solventar el problema de los jueces en expectativa de destino con la figura, recogida por la Ley Orgánica del Poder Judicial, del juez adjunto. Con ello callan la denuncia de los alumnos de la Escuela Judicial y pretenden reducir, poco a poco, el número de jueces sustitutos y magistrados suplentes.

Los jueces de la 54 promoción de la Escuela Judicial han denunciado “la grave situación creada por la ausencia de creación de los juzgados que estaban previstos durante los últimos tres años”, lo que, según ellos manifiestan, “provocará que cerca de cuatrocientos jueces de carrera se queden sin órgano jurisdiccional al que adscribirse”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano responsable del sistema de ingreso, promoción y especialización de la carrera judicial, a través del vocal Javier Laorden, ha querido matizar estos datos, explicando que gran parte de estos nuevos profesionales ejercerán como jueces adjuntos.

Esta figura ha sido recogida por la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente, en su artículo 308, en el que se dice que “aquellos aspirantes aprobados que no pudieran ser nombrados titulares de órganos judiciales ingresarán en la carrera judicial en calidad de jueces adjuntos…”

Según los alumnos de la Escuela Judicial, representados por Ximo Bosch, ésta es “una situación insólita en la historia judicial de este país, donde siempre se había asignado un juzgado vacante a los jueces que finalizaban su fase de formación”. Según Bosch, “nadie ha aclarado todavía las razones que han propiciado este hecho” que, en su opinión, “puede deberse a graves deficiencias de planificación y coordinación o a la falta de compromiso con los objetivos del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia”.

El vocal del Consejo, Javier Laorden, ha respondido que tiene previsto acudir a la Escuela Judicial para reunirse con los jueces de la quincuagésima promoción y explicarles esta nueva figura del juez adjunto y su carácter no excepcional, ya que ha sido reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según este vocal del Consejo “ha surgido algo inexistente hasta la fecha que es que pueden existir jueces sin órgano jurisdiccional”.

Según Javier Laorden, de los 396 nuevos jueces, un total de 235 obtendrán su plaza por la creación de 150 nuevos juzgados entre 2004 y 2005, así como por las 85 jubilaciones de magistrados que se van a producir en este período. El resto, 161, serán jueces adjuntos, que realizarán sustituciones de media o larga duración con el objeto de dotar a la Justicia de una mayor profesionalización.

La orden señala que, a raíz del Pacto de Estado, la Administración de Justicia se encuentra inmersa en un proceso de modernización –para el que “nos hemos dado un plazo de ocho años”– con objeto de conseguir una Justicia “de mayor calidad, más rápida, más eficaz, con métodos más modernos y con procedimientos menos complicados”.

Sobre la base de este proceso, indica Laorden, se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial, provocando cambios sustanciales en la organización de la Administración de Justicia, que se pueden concretar en “evolucionar hacia nuevas formas de trabajo; tener un nuevo diseño organizativo, así como la introducción de nuevas tecnologías”. En definitiva, según Laorden, se pretende “crear una nueva cultura de trabajo, un nuevo diseño organizativo, con el ánimo de racionalizar y actualizar los medios materiales y personales que tenemos”.

Teniendo en cuenta estas pautas, Javier Laorden, añade que, en ese empeño de conseguir una Justicia de calidad, la pretensión del Consejo “es tener una Justicia profesional y para ello queremos eliminar la figura del juez sustituto y magistrado suplente”. Explica que “estos jueces merman calidad a la Justicia porque actúan en clave temporal, es decir, no tienen vocación de permanencia, y además no acceden por oposición”. Por ello, queremos que la Justicia sea “atendida, básicamente, por jueces profesionales”.

Para alcanzar este objetivo es necesario contar con los jueces adjuntos. En un colectivo de 4.160 jueces, comenta Javier Laorden, es cierto que “se producen bajas por enfermedad, licencias de estudio, licencias por maternidad”. Hasta la fecha, cuando se producían estas situaciones se recurría a los jueces sustitutos o magistrados suplentes. Ahora se pretende que sean estos jueces sin órgano jurisdiccional adscrito quienes cubran estas licencias o ayuden a juzgados que tengan atascos.

Frente a la acusación realizada por los alumnos de la 54 promoción de que cerca de 300 jueces españoles ya formados o en prácticas podían quedarse en casa en los próximos años cobrando y sin ejercer por la falta de juzgados, Laorden es tajante. “No es cierto que haya una infrautilización de jueces. Nadie se va a ganar el sueldo sin trabajar, simplemente se trata de un esquema distinto de trabajo”, comenta.

Con esta nueva forma de trabajo, comenta Laorden, se ha logrado disminuir el número de jueces sustitutos y magistrados suplentes, contando en la actualidad con 1.400 frente a los 1.700 del año 2003. En su opinión, el juez sustituto y magistrado suplente irá perdiendo protagonismo ya que, según manifiesta, “tienen que ser conscientes de que un sistema de Justicia no puede funcionar basándose en jueces de carácter temporal”.

Por su parte, la portavoz de la Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes (AJSYMS), María Dolores Martín, señala que “la Ley Orgánica del Poder Judicial presenta para nosotros un panorama bastante desolador”. En su opinión, el excedente de jueces de carrera sin plaza que hay en la actualidad es una situación “totalmente coyuntural”, por lo que “lo que plantea la LOPJ no es solución para los problemas de la Administración de Justicia”.

Según María Dolores Martín “por mucho que se intente defender que la cifra de 4.000 jueces es suficiente para atender a los 43 millones de españoles, la realidad se impone”. Algo constatado por el propio Consejo General del Poder Judicial que admite que 400 órganos jurisdiccionales tienen un módulo de trabajo de un 175% por encima de lo admisible.

María Dolores Martín considera que “no siempre van a tener esta nueva figura del juez adjunto disponible por lo que deberán seguir recurriendo a los jueces sustitutos y magistrados suplentes”. En su opinión, “en España nunca ha habido una voluntad política de reconocer nuestra situación”. Insiste en que “después de veinte años trabajando para la Administración de Justicia es justo que, al menos, se nos reconozcan nuestros derechos y contemos con un Estatuto Orgánico digno”. “Nuestras obligaciones están claras, pero parece que nuestros derechos no”, concluye.

Las reacciones

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no considera deseable ni conveniente la situación creada a raíz de la falta de destino definitivo y en propiedad de las plazas judiciales correspondientes a los jueces en expectativa de destino, estimando que dicha situación debería considerarse como excepcional y rápidamente solucionada. El portavoz de la APM, José Manuel Suárez Robledano, considera que “el derecho al juez natural predeterminado legalmente y la propia independencia judicial, así como la necesaria estabilidad y dignidad de los profesionales en cuestión, exigen una pronta y decidida respuesta, sin equívocos, sobre la solución de esta cuestión que estimamos de suma gravedad”.

La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha expresado su respaldo a los casi cuatrocientos nuevos jueces que se quedarán sin plaza a la que acceder por la falta de creación de juzgados en los últimos tres años, a la vez que acusó al Gobierno de “despreciar” con esta decisión al Poder Judicial. José María Fernández Seijo recordó al Gobierno central que “necesariamente tiene que crear las plazas a las que se ha comprometido”. Asimismo, instó a poner en marcha un plan de modernización que permita que, en un plazo máximo de 7 ó 8 meses, haya 150 plazas para ofertar a los nuevos integrantes de la carrera judicial.

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) considera “inadmisible que la totalidad de los jueces que constituirán la 54 promoción y las próximas de la Escuela Judicial no tengan garantizada la titularidad de un juzgado en el que desempeñar la función constitucional que el artículo 117 asigna a los miembros del Poder Judicial”. Según esta asociación “la política presupuestaria restrictiva en la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y el palpable incumplimiento del Libro Blanco de la Justicia y del propio Pacto de Estado, ha llevado a la indeseable situación en la que se van a encontrar las próximas generaciones de jueces”.